Crisis en el Gobierno italiano por la ‘libertad para contaminar’.

El mayor centro siderúrgico europeo amenaza con cerrar si cesa su inmunidad medioambiental.

Bruselas – Giuseppe Conte lucha por encontrar una solución a la crisis industrial que ha copado las portadas nacionales durante todo el mes. ArcelorMittal, que se iba a hacer cargo de la acería de Taranto, anunció que se retiraba del acuerdo después de que el Ejecutivo aprobara retirar la cláusula de inmunidad que protegía a la empresa siderúrgica de sus responsabilidades medioambientales. La frágil coalición de Gobierno se encuentra dividida ante el conflicto y se asoma al abismo.
El mayor centro siderúrgico de Europa se encuentra al sur de la península italiana, en el istmo donde se ubica la ciudad de Taranto, en la región costera de Apulia. El rescate de la principal planta de acero de la ciudad, que representa nada menos que el 75% del PIB de la provincia, ha entrañado la primera crisis del Gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD).

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, ha llamado a filas a sus ministros para intentar abordar un intrincado conflicto que abarca desde el ámbito económico y laboral hasta el medioambiente y la salud pública. Una patata caliente que ha ido pasando entre los sucesivos gobiernos transalpinos y que ha terminado por estallar ante una frágil coalición de gobierno, profundamente dividida en las vías de solución del conflicto.

La crisis saltaba a principios de mes, cuando el operador de la planta, la multinacional ArcelorMittal, anunció que se retiraría de su contrato de arrendamiento después de que el Gobierno italiano aprobara una ley que rebajaba las garantías legales que protegían a la empresa siderúrgica de responsabilidad medioambiental. El Ejecutivo, apoyado en su mayoría de miembros del Movimiento 5 Estrellas, partido con unas fuertes raíces ambientalistas, votó el mes pasado eliminar la cláusula de inmunidad, a pesar de que ArcelorMittal había dicho que no seguiría adelante con las reformas sin esa protección. La empresa siderúrgica cumplió su promesa este mes, enviando una notificación oficial de su intención de salirse el acuerdo.

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ArcelorMittal, empresa con sede en Luxemburgo, acordó alquilar y finalmente comprar la planta -rescatada por el Gobierno italiano en 2012- invirtiendo 2.400 millones de euros para modernizar las instalaciones y reducir las emisiones tóxicas. En virtud al acuerdo original, que también incluía algunos recortes de plantilla, ArcelorMittal quedaba amparada por una ley que protegía a los directivos de los cargos penales basados en infracciones medioambientales o relacionadas con la salud.

La retirada del gigante siderúrgico supondría la bancarrota y el cierre de la acería a principios de 2020. Un duro golpe que ha puesto en pie de guerra a una ciudad que se divide entre los que temen el desempleo y los que temen las consecuencias de las emisiones de la planta. Una encrucijada que también ha quebrado al Gobierno de coalición de Conte, con un M5S en plena batalla interna con la facción que quiere que el Ejecutivo se mantenga firme contra ArcelorMittal, y un Giuseppe Conte que busca que una solución que pase por mantener la planta abierta y mantener unido a su Consejo de Ministros. La disyuntiva está siendo la munición perfecta para una oposición, liderada por Matteo Salvini, que quiere ver al Gobierno de coalición colapsar.

Durante años, los sucesivos Gobiernos transalpinos han aprobado diversas legislaciones para apoyar a la planta, provocando malestar entre la sociedad tarentina. La acería siempre ha sido tolerada como un mal necesario por gobiernos regionales y nacionales, ya que una cuarta parte de la población de Taranto (alrededor de 50.000 personas) depende de ella para su sustento. Pero un estudio exhaustivo publicado en junio por el organismo nacional de investigación sanitaria de Italia, el ISS, puso en evidencia los problemas de salud que una parte de la sociedad tarentina llevaba años denunciando. El informe reveló que entre 2005 y 2012 hubo casi el doble de linfomas entre los niños de Taranto, en comparación con los promedios regionales. Más de 3.000 muertes en este periodo de tiempo tuvieron una relación directa con una “exposición ambiental limitada”, según el estudio.

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Un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en enero decretó que Italia no podía aprobar nuevas leyes para proteger la planta, dadas las preocupaciones sanitarias asociadas con ella. Esto puso al gobierno en una situación aún más difícil, ya que las opciones de retener a ArcelorMittal se estrechan, por no decir que se esfuman. El cierre de la planta supondría la pérdida de unos 15.000 puestos de trabajo y un 0,2% del PIB del país, según un estudio de Svimez, asociación del sector industrial de la zona meridional del país. Esto representa la mitad del crecimiento de Italia en 2020, según las previsiones de la Comisión Europea.

Una auténtica hecatombe para un sur de Italia duramente golpeado por la crisis económica, la reconversión industrial y los conflictos medioambientales. Un callejón con pocas salidas para el gobierno que echó a andar hace tres meses y que podría caer pronto si no se encuentra una solución al cierre de la planta. Aunque los de Beppe Grillo han hecho de la lucha medioambiental uno de sus principales objetivos político, el sur sigue siendo uno de sus bastiones electorales y con la Liga de Salvini pisándoles los talones, una medida tan impopular para la clase trabajadora como cerrar la acería de Taranto podría salirles muy cara.

Fuente: m.deia.eus

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